El Consejo de Ministros impulsa 21 medidas para facilitar el alquiler y la compra de vivienda, reforzar la protección de los inquilinos y combatir la especulación inmobiliaria, e incluye préstamos sin intereses de hasta 50.000 euros para adquirir la primera vivienda

A pesar de chocar con la coalición formada por PP, Vox y Junts en la oposición para tumbar los decretos sobre vivienda y la convocatoria electoral, el gobierno ha vuelto a situar el acceso a la vivienda en el centro de su agenda política con la aprobación de dos reales decretos-ley que reúnen 21 medidas destinadas a facilitar el alquiler asequible, favorecer la compra de la primera vivienda y ampliar el parque de vivienda social.

El Ejecutivo socialista insiste así en su compromiso de afrontar uno de los problemas que más preocupa a la ciudadanía, especialmente a los jóvenes y las familias con dificultades para acceder a un hogar. Pedro Sánchez ha defendido que las iniciativas responden a una necesidad social y buscan beneficiar tanto a los inquilinos como a los pequeños propietarios.

Ayudas para alquilar y comprar una vivienda

Una de las principales medidas es una línea de financiación de 10.000 millones de euros, gestionada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que permitirá conceder préstamos sin intereses de hasta 50.000 euros para facilitar la compra de la primera vivienda habitual.

El paquete incluye también incentivos fiscales para fomentar el alquiler asequible, 280 millones de euros en avales para impulsar la construcción industrializada y otros 400 millones destinados a los proveedores de vivienda social. Además, el Gobierno prevé incorporar al parque público inmuebles procedentes de la Seguridad Social, que serán gestionados por la entidad estatal Casa 47.

Más estabilidad para los inquilinos

Las medidas contemplan prórrogas extraordinarias de hasta dos años para determinados contratos de alquiler de vivienda habitual, siempre que se cumplan los requisitos establecidos. También incluyen límites a las actualizaciones de las rentas.

El objetivo es ofrecer mayor estabilidad a los inquilinos y evitar que muchas familias se vean obligadas a abandonar sus viviendas por el encarecimiento de los alquileres. No obstante, algunas de estas iniciativas dependen de su convalidación parlamentaria, por lo que su aplicación no está garantizada.

Medidas contra la especulación inmobiliaria

El Gobierno plantea nuevas actuaciones para limitar determinadas prácticas especulativas y favorecer que más viviendas se destinen a residencia habitual. Entre ellas figuran cambios fiscales para las sociedades de inversión inmobiliaria (SOCIMI), medidas sobre las viviendas de uso turístico y restricciones a determinadas operaciones de grandes tenedores y fondos.

Estas iniciativas buscan reforzar la oferta de vivienda asequible y ampliar el parque público, aunque sus resultados dependerán de su aplicación efectiva y de la disponibilidad de inmuebles en las zonas con mayor presión sobre los precios.

Un nuevo pulso parlamentario

Aunque las medidas llegan en un contexto de dificultades para reunir apoyos parlamentarios, los reales decretos-ley deberán someterse a convalidación por la Diputación Permanente del Congreso, lo que retratará de nuevo a los grupos políticos, que tendrán que volver a posicionarse sobre las medidas que el Gobierno propone para afrontar el problema de la vivienda. 

Desde el Ejecutivo mantienen así su apuesta por afrontar este asunto combinando ayudas económicas, financiación, vivienda social y protección de los inquilinos. Pedro Sánchez ha defendido que el contenido de estos acuerdos beneficia a pequeños propietarios e inquilinos y solo perjudican a «aquellos que consideran la vivienda un objeto mercantil más para poder especular con él».