Vox cuestiona la viabilidad del sistema público de pensiones, mientras Feijóo propone que las mutuas puedan dar altas médicas

La derecha comienza a perfilar sus propuestas económicas y laborales de cara a las próximas elecciones con dos iniciativas que afectan directamente a millones de pensionistas y trabajadores en España, por lo que también en Pilar de la Horadada. Vox pone en cuestión la continuidad del actual sistema público de pensiones, mientras el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo plantea ampliar las competencias de las mutuas empresariales para que puedan dar el alta médica a trabajadores de baja.

Las declaraciones de José María Figaredo, responsable económico de Vox, y del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, anticipan un debate sobre el recorte de los derechos sociales, la gestión de las bajas laborales y el papel que deben desempeñar las pensiones en la protección de los mayores.

Vox cuestiona el sistema público de pensiones

El responsable económico de Vox ha defendido la necesidad de sustituir el modelo actual por un sistema mixto que combine el reparto público con la capitalización individual. En una entrevista, Figaredo cuestionó la viabilidad de las pensiones públicas. “La solución que plantea Vox requiere una reforma estructural hacia un modelo mixto que combine el reparto con la capitalización individual, como han hecho con éxito otros países europeos», afirmó. El ultraderechista añadió que «el gasto en pensiones, la deuda, los costes salariales y la dependencia energética constituirán graves condicionantes en el futuro”.

Feijóo quiere que las mutuas puedan dar altas médicas

En el ámbito laboral, Alberto Núñez Feijóo ya ha anunciado su intención de ampliar las competencias de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social para que puedan conceder altas médicas en determinadas patologías. El candidato del PP justificó la reforma apelando a la necesidad de combatir el fraude en las bajas laborales, pero ha abierto un debate sobre las garantías que deben regir las decisiones médicas, ya que las mutuas son empresas, por lo que ampliar su capacidad para decidir el alta de un trabajador plantea interrogantes sobre la independencia de las evaluaciones y la protección de las personas que todavía necesitan tratamiento o recuperación.