De la muerte del dictador a las elecciones de 1977
Al morir Franco, Arias Navarro fue nombrado Presidente del Gobierno por el rey Juan Carlos y temeroso de la “Revolución de los Claveles” en Portugal de meses antes, intentó un proceso de tímido aperturismo basado en la idea de una “democracia a la española”. La oposición vio a ese Gobierno como una continuación del régimen y convocó numerosas movilizaciones y huelgas durante todo 1976 para derribarlo.
Las huelgas tenían unas reivindicaciones principalmente económicas, pero al llevarlas a cabo en un entorno dictatorial y sumamente represivo se convirtieron de carácter político. La de transportistas a nivel nacional, la de Sabadell, cuando cuarenta mil trabajadores apoyaron la reivindicación de libertad y democracia, ambas en febrero o la de marzo, en los llamados “sucesos de Vitoria” en la quecuatro mil trabajadores, encerrados en asamblea en la iglesia de San Francisco de Asís fueron expulsados por la policía con gases lacrimógenos y fuego real resultando cinco personas muertas y más de ciento cincuenta heridas por balas de goma son claros ejemplos del carácter represivo del gobierno de Arias Navarro. Frente al riesgo de una ruptura democrática, el rey Juan Carlos, como jefe de Estado y sucesor nombrado por Franco forzó la dimisión de Arias Navarro y designó a Adolfo Suárez como Presidente del Gobierno.
El nombramiento de Suárez debía significar la derrota del continuismo franquista pero el aumento de la actividad terrorista (ETA y GRAPO) tensó al Gobierno de Suárez contribuyendo al crecimiento de la represión y esta, a su vez, de la actividad terrorista también de la extrema derecha. Grupos de fascistas comenzaron a atentar contra actos organizados por la izquierda y en enero de 1977 asaltaron el despacho de abogados laboralistas de la calle Atocha en Madrid asesinando a cuatro abogados y a un sindicalista e hiriendo a cuatro abogados más, lo que significó un momento clave de la Transición.
Suárez, para asegurar la estabilidad quiso impulsar una ley entendida como una reforma de las leyes fundamentales. El objetivo era vincular el viejo y el nuevo sistema ante los procuradores de las Cortes franquistas para que pareciese una continuación y no una ruptura. Ahí se empieza a forjar el mito del “consenso” en la memoria de toda una generación, idealizando así la Transición. Se trataba de que reformistas del régimen y opositores colaboraran en pro del bien común para llevar adelante las reformas que se fueron planteando desde 1976 hasta 1978.
La correlación de fuerzas era favorable a Suárez, la oposición no tenía la suficiente fuerza para derribar al franquismo. Suárez apartó y silenció todo lo posible a la oposición pero necesitaba que la Ley para la Reforma Política fuera aprobada y ratificada en referéndum de ahí las negociaciones y los pactos a partir de diciembre de 1976. Mantener un cierto equilibrio entre reformismo y continuación del sistema franquista con el rey Juan Carlos era vital para evitar la pérdida de apoyos en el ejército que podía asegurar la nueva democracia o hacerla retroceder hacia el viejo sistema dictatorial.
Suárez consiguió aprobar la Ley para la Reforma Política el 18 de noviembre de 1976, presentada como una “ley fundamental” más, en realidad, no reformaba nada, aunque con la convocatoria de elecciones generales por sufragio universal significaba el fin del Consejo Nacional y de las Cortes. El franquismo moría y se iniciaba, de manera oficial, la transición a una democracia. El 15 de diciembre se celebró el referéndum en el que la población por una amplia mayoría apoyó la reforma. Esto permitió a Suárez legitimar el proceso de reforma controlada por los dirigentes franquistas y la oposición tuvo que abandonar la idea de ruptura democrática y pasar a impedir que Suárez creara una democracia a medida de la dictadura.
Se abría un nuevo escenario en el que la lucha se daría no solo en la calle, sino también en las urnas. La gran manifestación organizada por los comunistas el día 26 de enero de 1977 en el entierro de los asesinados en el despacho laboralista de la calle Atocha afectó a los planteamientos de Suárez sobre la legalización del Partido Comunista al comprobar la enorme capacidad movilizadora de la izquierda. El 8 de febrero de 1977 se modificaba la Ley de Asociaciones Políticas de 1976 para flexibilizar la inscripción de los partidos políticos. Poco a poco los principales partidos de la izquierda se fueron legalizando, como así fue con el PSOE a finales de febrero, pero una parte del ejército seguía en contra de la legalización del PCE.
La tensión social siguió creciendo. Entre enero y julio de 1977 las huelgas se multiplicaron como consecuencia de la crisis económica. Trabajadores de multitud de sectores como la hostelería, los agricultores, la educación, la sanidad, las profesiones liberales comenzaron también a movilizarse en reivindicación de mejores salarios y condiciones de vida dignas, incorporando a su vez la reivindicación de la democracia y la amnistía de los presos políticos.
Todo esto, sumado a la violencia terrorista, provocó un aumento de la inestabilidad del país y del malestar del ejército que veía con malos ojos la legalización de los comunistas. La mediación del rey Juan Carlos posibilitó que el ejército permaneciera sumiso al Gobierno. En aquellos momentos se temía un golpe de Estado militar y la vuelta a una dictadura. A pesar de todo, la legalización del PCE llegó el 9 de abril fruto de la lucha en las calles y de la necesidad de Suárez de legitimar las elecciones generales de junio de 1977.
Las elecciones se desarrollaron en medio del crecimiento de la conflictividad social. Se trataba de las primeras elecciones generales en democracia desde las de febrero de 1936. La UCD gracias a su implantación en el medio rural logró 165 diputados. El PSOE, segunda fuerza, alcanzó 118 escaños; el PCE lograba 20 diputados y Alianza Popular 16 representantes. En 1977 se constituyó el primer parlamento elegido democráticamente desde 1936, pero las libertades no fueron alcanzadas de forma plena hasta finales de 1978.
España iniciaba su definitiva transición hacia un sistema democrático, pero aún no se había consolidado como tal. Todavía quedaba la celebración de elecciones municipales, que no se realizaron hasta 1979, la organización territorial, la creación de una Constitución democrática, el pleno reconocimiento de todos los partidos políticos, la eliminación de la vieja legislación franquista. Quedaba, por tanto, todavía un largo camino para que la sociedad española conquistara una democracia plena.
Alfonso Armenteros, exconcejal del PSOE de Pilar de la Horadada