Gestionar la realidad se compone de conjugar intereses contrapuestos en todos y cada una de sus dimensiones. Si administrar la convivencia social fuese fácil, todo se resumiría en decisiones dicotómicas, decisiones de un SI o un NO. Pero nunca fue sencillo, nadie dijo que lo fuese, y nuestro “juego” está ahí, en definir con normativa y regulaciones esos límites donde intereses e interesados convivan para mantener el orden.
¿Qué sucede cuando hay que poner el foco en realidades controvertidas y silenciadas como las adicciones y en especial la ludopatía?¿Cómo se gestionan todos los aspectos de esas realidades? Consideremos de inicio que el “Juego” en su generalidad es una actividad legal, clasificada como actividad de ocio, y se encuentra regulada e integrada en nuestra actividad ordinaria.
Si es cierto que desde 1977 no se considera una actividad penalizada y es a partir de ese año cuando se inicia el tracto regulatorio de estas actividades. Pero la incursión de las nuevas tecnologías y vías de comunicación exige encarecidamente unos nuevos instrumentos de regulación que garanticen la seguridad jurídica para todos los intervinientes.
En mayo de 2011 entra en vigor la actual Ley de Regulación del Juego ( 13/2011, de 27 de mayo, de Regulación del Juego) que en el Artículo 21. 9 determina que es una de las funciones de la Comisión Nacional del Juego : “Asegurar que los intereses de los participantes y de los grupos vulnerables sean protegidos, así como el cumplimiento de las leyes, reglamentaciones y principios que los regulan, para defender el orden público y evitar el juego no autorizado”.
Pues algo no ha funcionado como debía, o los instrumentos al alcance de quienes deben de desarrollar políticas públicas, que incluyan proyectos cuyo objetivo sea satisfacer las necesidades de una sociedad, no han ido por donde debían.
Prueba de ello es cuando escuchamos a personas que dan voz a la realidad que supone la peor de sus consecuencia, la adicción y dicen que “Se sienten abandonados por las instituciones y por la sociedad. Hay sentimiento de fracaso y ven difícil que exista un cambio. Los gobiernos viven de los impuestos del juego”, “Necesidad de soluciones: es un problema muy oculto, no se ve, lo soporta la familia en silencio”, “Consideran necesario campañas de sensibilización en la que se vea a que lleva el juego sin control”.
Diferentes estudios declaran que al margen de cuestiones de índole individual como la predisposición anímica, conductual y circunstancial, hay elementos que si estaban a nuestro alcance y al no haber sido conscientes de su carga potencia, lo hemos tratado como neutrales y dejando vía libre para convertirlo en facilitadores. Cuando esto es así, sin querer no hemos sido los protectores que nos exigía ese punto 9 del artículo 21 antes mencionado.
¿Por qué si se conocen los aspectos que funcionan como inductores y potenciadores del inicio de una conducta adictiva, cuestiones como lo “barato” que son las apuestas , lo “cómodos” que son los lugares donde se puede jugar, lo accesible que están a través de las nuevas app y si hay facilidad de combinarlo con otras sustancias (alcohol), que ayuda a la pérdida de percepción espacio temporal. Por qué parece que se obvian estas cuestiones?
Pues porque confiamos en la mayoría de los casos que las Administraciones van a asegurar los intereses de todos en especial de los más vulnerables. Pero, ¿cómo se toman las decisiones de autorizar una actividad de juego en una ubicación determinada?
Estas autorizaciones administrativas, deben de estar basadas en unas políticas públicas que se fundamenten en el pleno conocimiento de a quienes van dirigidas, y requieren tantísima personalización, que lo que se implante en un municipio vecino, puede no ser suficiente o al contrario ser excesivo en el propio.
Las decisiones de los comercios y actividades que van a poblar nuestros barrios, nunca debe ser una decisión independiente de quienes la toman frente a quienes van dirigidas, ya que nuestras actividad diaria, nuestras situaciones personales van a conjugar un ecosistema entre todos los elementos que dé como resultado un output potencialmente dañino para quienes tienen que convivir en él.
Los ingresos por tasas públicas y municipales, no pueden ser el criterio preponderante o ser el único para concluir si se pone un negocio de apuestas, o una máquina de juego accesible, tengamos presente que nunca va a ser igual el resultado de incluirla en un barrio con alta tasa de desempleo juvenil, y peor aún si además hay absentismo escolar, y mucho peor si hay mayoría de hogares cuyo ingreso proviene de un solo adulto… nunca va a ser igual en ese lugar que en otros donde su escenario social sea distinto.
Pensemos que decir no a algunas actividades en algunas ubicaciones, es no endulzar la salida que nace desde la desesperación de un momento que se percibe como insoportable y que es la antesala del inicio de conductas de riesgos. No ingresar, tasas, a veces es ganar mucho, en bienestar.
Las decisiones que se toman desde las esperas de la decisión, nunca deben ser unilaterales, y más incluso en cuestiones sensibles. Deben ser consultas abiertas, participativas, con visión técnica multifocal, y sin miedo de tener que decir no al clásico interés de beneficio neto.
Conocer la realidad de nuestro entorno, contar con el apoyo de los profesionales que saben interpretarla y dejar voz a quienes van a vivir esa decisión. Solo así podremos tomar decisiones ponderando las necesidades de todos los intervinientes.
No hay nada bueno o malo per se, pero una decisión sin tener en cuenta todos estos aspectos, la puede convertir en una pésima decisión, con consecuencias de difícil reparación.
Virginia Sánchez, Socióloga y Vicedecana del Colegio Profesional de Ciencias Políticas y Sociología de la Región de Murcia