Dinero público para reformar su antiguo despacho en la Cámara de Comercio de Alicante
Mazón, el presidente de la Generalitat Valenciana sigue en la actualidad. Y no por no hacer ni caso ni dar la cara ante el barro de la dana y menos ante sus víctimas y afectados, sino por la reforma de su antiguo despacho de la Cámara de Comercio de Alicante en su nueva ubicación en el puerto de la ciudad con hermosas vistas al mar.
Este gasto millonario de la Generalitat se ha destinado a unas obras que, además de costosas, serían ilegales. No cuentan con licencia y para redondear la polémica, el edificio donde se están realizando pertenece al entorno de Enrique Ortiz, empresario cuyo nombre aparece con frecuencia en los entresijos judiciales y urbanísticos del Partido Popular en la Comunitat Valenciana.
Aunque el presidente ya no ocupa oficialmente su despacho en la Cámara, sí mantiene el vínculo formal con la institución: se encuentra en excedencia, por lo que está financiando con dinero de todos los valencianos la empresa en la que trabaja, si Mazón tuviera dignidad ya habría hecho las maletas y hubiera convocado elecciones.
El silencio del presidente (del que hace gala continuamente) ante estas acusaciones no ayuda a despejar dudas. Ni una sola explicación oficial, ni una comparecencia pública para aclarar el porqué de la adjudicación directa ni la legalidad de unas obras que siguen adelante pese a las irregularidades denunciadas. La situación recuerda a otras épocas no tan lejanas en la Comunitat Valenciana en las que las instituciones servían para blindar intereses privados y donde las reformas no se hacían solo en los despachos, sino también en los balances bancarios de algunos afortunados. Mazón, que llegó a la presidencia prometiendo eficiencia, transparencia y un cambio de rumbo, ahora se ve señalado precisamente por prácticas que recuerdan demasiado a las que se suponía venía a erradicar.
Tampoco debe pasar desapercibido el nombre de Enrique Ortiz, el empresario vinculado al edificio donde se están realizando las obras, que ha sido protagonista de numerosos escándalos urbanísticos y judiciales durante décadas en nuestra comunidad y cuya cercanía a cargos del PP ha sido ampliamente documentada. El hecho de que una actuación impulsada por el Gobierno valenciano acabe beneficiando, siquiera indirectamente, a este empresario añade más leña al fuego.
Lo más sorprendente -o quizá no tanto, igual cree que nos estamos acostumbrando- es la normalidad con la que Mazón está asumiendo este episodio. Mientras crece la indignación en la oposición y en colectivos ciudadanos el Consell sigue mirando hacia otro lado. Como si el hecho de que el despacho tenga vistas al mar fuese más importante que la transparencia de las cuentas o el respeto por la legalidad urbanística.
La pregunta es clara: ¿puede un presidente que destina dinero público a reformarse un despacho en su antigua empresa, sin licencia ni justificación técnica conocida, seguir apelando a la regeneración política? Por ahora, Carlos Mazón sigue sin dar explicaciones. Y el despacho sigue reformándose. Con vistas al mar, y con dinero de todos.
Alfonso Armenteros, exconcejal del PSOE de Pilar de la Horadada